lunes, 18 de mayo de 2009

DERECHO PENAL MILITAR: LEY 29182 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL FUERO MILITAR POLICIAL

Ley Nº 29182 – Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial. Antecedentes.
Por: Hugo Muller - Abogado
La nueva Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, Ley 29182 [1] (promulgada el 10 de Enero 2008) fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de enero del 2008, desacatando abiertamente los mandatos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) en esta materia. En efecto, desde el año 2004 el TC ha emitido cinco sentencias declarando inconstitucionales aspectos medulares de la justicia militar policial y disponiendo la vacatio sententiae de sus propias sentencias (esto es, la suspensión de sus efectos inmediatos) a fin de que el Parlamento adecue esta legislación a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Así es, el contenido de dicha norma repite contenidos de la Ley Nº 28665 que ya fueron declarados inconstitucionales por el TC en las sentencias que recayeron sobre los expedientes Nº 0023-2003-AI/TC, Nº 0004-2006-PI/TC, Nº 0006-2006-PI/TC, entre otros, como la existencia de jueces y fiscales militares que, a la vez, ostentan la condición de oficiales en situación de actividad; el nombramiento de Vocales y Fiscales Supremos a cargo del Presidente de la República; la existencia de un cuerpo jurídico penal militar como única vía para acceder al cargo de juez o fiscal militar; la existencia de un Ministerio Público Militar Policial por fuera del Ministerio Público ordinario, entre otros temas.
Al respecto, la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha sentado sobre el tema es contraria a lo que establece el proyecto en mención. Así, en el año 2004, en la sentencia que recayó sobre el expediente Nº 0023-2003-AI/TC este Colegiado estableció que:
“(…) el hecho de que los tribunales militares sean conformados en su mayoría por “oficiales en actividad”, vulnera los principios de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, además del principio de separación de poderes, ya que, por un lado, quienes integran las diversas instancias de la jurisdicción militar son funcionarios de tales institutos castrenses; y, por otro, porque, por principio, es incompatible que personas sujetas a los principios de jerarquía y obediencia, como los profesionales de las armas que ejercen funciones jurisdiccionales, puedan ser al mismo tiempo independientes e imparciales”.
Sin embargo, el Parlamento, lejos de dictar una legislación acorde con la jurisprudencia del TC, ha insistido en aprobar leyes absolutamente contrarias a lo dispuesto expresamente por el máximo intérprete de la Constitución. Así es, en enero del 2006 se publicó la Ley 28665, Ley de Organización y Funciones de la Jurisdicción Penal Militar Policial, que hizo caso omiso a lo dispuesto por el TC y que, por tal razón, fue declarada inconstitucional, en parte, por el TC. En su lugar, el Parlamento aprobó la Ley 29182 que, en vez de corregir los errores de la ley anterior, incurre en sus aspectos medulares.
En primer lugar, los artículos 15, 19 y 22 de la Ley 29182 insisten en disponer que los jueces y fiscales militares seguirán siendo, simultáneamente, oficiales en situación de actividad; doble condición que ya el TC ha declarado, en forma indubitable, que es inconstitucional porque atenta contra la independencia judicial. Además, ha hecho suya la jurisprudencia de la Corte Interamericana que, en torno a este punto, ha señalado que ello vulnera la garantía de juez o tribunal "independiente e imparcial" consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En segundo lugar, los artículos 13.2 y 23 de la cuestionada ley insisten en disponer que los jueces y fiscales militares sean designados por el presidente de la República y por el Tribunal Supremo de justicia militar. Al respecto, el TC también ha sido enfático en interpretar que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es el órgano constitucional al que se le ha encargado la designación, ratificación o destitución de jueces y fiscales profesionales de todo el país, incluyendo, por cierto, a los de la justicia militar.
En tercer lugar, el artículo 21 de la referida ley consagra la autonomía de los fiscales supremos respecto al Ministerio Público, a pesar que la jurisprudencia del TC ya estableció --categóricamente-- que el artículo 158 de la Constitución vigente no contempla excepción alguna al Ministerio Público y que, por tanto, todos los fiscales --incluyendo los fiscales militares-- deben formar parte del mismo.
De esta manera, con la dación de la Ley 29182, el Parlamento desacata, una vez más, las sentencias del TC sobre organización y funciones de la justicia militar, recurriendo al ya conocido expediente de aprobar una nueva ley, pero conservando lo esencial del contenido de la legislación anterior. Estemos de acuerdo o no con lo que dispuso el TC en materia de justicia militar, un principio esencial del Estado de derecho es que sus sentencias son para cumplirlas y no para burlarlas sistemáticamente. Sin duda, un nuevo motivo para demandar al TC o para acudir a la Comisión Interamericana. Por lo que podemos deducir que esta Ley si bien es cierto se viene aplicando, tendrá el carácter de transitoria por transgredir normas constitucionales ya examinadas por el Tribunal Constitucional.
[1] Ley 29182 – Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial.
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29182.pdf

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